Propuestas
ciudadanas para el diálogo con candidatos a la Presidencia
de la República
Las organizaciones de la sociedad
civil, participantes en el diálogo con los candidatos
a la presidencia de la Republica promovido por un grupo de
organizaciones a partir de la iniciativa del Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria, formulamos las propuestas
que se incluyen a continuación para su inclusión
en los compromisos de campaña y su efectivo cumplimiento
en el próximo gobierno.
Estas propuestas derivan de varios
años de experiencia de las organizaciones en la defensa
de los derechos humanos en varios campos de la vida política,
económica y social del país y su propósito
es promover una concepción integral de los derechos
humanos en el diseño, instrumentación y evaluación
de las políticas públicas.
Proponemos cuatro principios fundamentales
en las acciones de gobierno:
El respeto al estado de derecho plasmado
en nuestro cuerpo de leyes y normas y la incorporación
y la armonización legislativa con los tratados internacionales
en materia de derechos humanos firmados y ratificados por
el Estado Mexicano.
La incorporación de las perspectivas
de derechos humanos, género y edad en todas las políticas
públicas, no sólo las del ámbito social
sino inclusive y fundamentalmente, las del ámbito económico.
La armonización y coherencia entre
la política social y la política económica,
así como entre la política interna y la política
exterior.
El debate público y una amplia participación
ciudadana en la definición y evaluación de políticas
públicas, especialmente las que hasta ahora han estado
cerradas al debate y escrutinio público como son las
de seguridad y la económica.
COMPROMISOS POR TEMAS
Justicia Penal
- Establecer en el Código de Procedimientos
Penales que decisiones como la detención y la libertad
provisional sean competencia exclusivas del juez, que adopte
un catálogo amplio de opciones de medidas cautelares.
Desaparecer de la legislación las hipótesis
de flagrancia equiparada y urgencia para permitir la detención
sin orden ni escrutinio judicial. Las violaciones de derechos
humanos deben generar una sanción procesal que alivie
a la víctima de manera adecuada y efectiva, y que
cumpla su función como desincentivo .
- Dotar a la Defensa Pública de
autonomía respecto de los poderes ejecutivo y judicial;
la defensa debe ser continuada por la misma persona desde
la fase de investigación policial hasta la sentencia;
deberá establecer explícitamente como fuentes
de derecho en el proceso penal a los tratados internacionales,
declaraciones de derechos humanos y su interpretación.
Delitos del Pasado
- Se deben continuar las investigaciones
de modo pronto, exhaustivo e imparcial y en consecuencia,
la consignación ante autoridades judiciales de los
responsables de la comisión de los delitos cometidos
en el pasado, señalando que son violaciones cometidas
dentro de una política ordenada y/o tolerada desde
el Estado. fortalecer el Comité Ciudadano establecido
a través de una participación activa de las
OSC, para una labor de escrutinio y rendición de
informes periódicos.
- Que el Ejecutivo Federal presente al
Poder Legislativo una iniciativa que adecue la legislación
nacional a los estándares internacionales en materia
de derechos humanos. Esta iniciativa deberá asegurar
la tipificación del delito de desaparición
forzada conforme a la Convención sobre Desaparición
Forzada, por lo que deberá tener el carácter
de Ley General para la Prevención, Investigación,
Sanción del Delito de Desaparición Forzada.
Para esto es necesario que la iniciativa también
se dirija a la erradicación de la jurisdicción
militar, cuando se trate de la responsabilidad del Ejército
Mexicano en la comisión de violaciones de derechos
humanos.
Política Social
- Elaborar una iniciativa de reformas a
la Ley de Planeación, con la finalidad de armonizarla
con la Ley General de Desarrollo Social, estableciendo la
participación del Sector Social en el diseño,
ejecución y evaluación de las políticas
públicas.
- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
recupere dentro de su perspectiva el operacionalizar de
manera coordinada y sincrónica el Sistema Nacional
de Desarrollo Social, establecido en la ley respectiva;
lo que significa asegurar el papel de los gobiernos locales
y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el diseño,
ejecución y evaluación de la política
social.
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales
- Alimentación: Fortalecer
los mecanismos de control de calidad de los alimentos que
se consumen en el país. Tanto los importados como
los producidos internamente, y en particular los que se
expenden en establecimientos callejeros; generar estrategias
que vayan más allá del reparto de papillas
fortificadas, despensas o ayuda monetaria, a fin de abatir
el rezago de la población en general y en particular,
de la población indígena en materia de alimentación,
poniendo especial atención en la niñez y las
mujeres.
- Vivienda: Una mayor participación
del gobierno federal en la construcción de la vivienda,
no dejando en manos del sector privado la satisfacción
de un derecho humano indispensable para que la población
mejore sus condiciones de vida, así como fijar normas
respecto al tamaño mínimo humanamente saludable
de las viviendas de interés social, y ejercer un
control efectivo sobre las inmobiliarias que las violen.
- Educación: Invertir en la construcción
y equipamiento de escuelas en el nivel de preescolar y acelerar
la preparación y certificación de las y los
docentes de nivel preescolar, para asegurar la cobertura
necesaria junto con una educación de calidad. Igualmente,
atender de manera inmediata los rezagos en el desempeño,
calidad y pertinencia del nivel de secundaria, en la que
se observa una creciente deserción de la población
adolescente. Hacer un acuerdo con el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación donde se les comprometa
a participar en la formulación y aplicación
de una propuesta que eleve la calidad y pertinencia de la
educación básica de acuerdo a los estándares
al menos de países con los niveles de ingreso por
persona equiparables a México y se asigne un porcentaje
mayor del PIB a la educación hasta alcanzar el 8%
del mismo.
- Derechos laborales: Obligar a las empresas
a no deslindarse de sus obligaciones en materia laboral,
a través de subcontrataciones y empleos temporales;
recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos
legales frente a las necesidades básicas de la familia
respetando su calidad de garantía social. Es urgente
reformar el sistema de fijación de salarios mínimos.
- Salud: Unificar en un sistema nacional
de salud los diversos sistemas públicos que generan
fragmentación y diferencias en la calidad de los
servicios y ampliar los servicios especializados de salud
para la población adolescente y joven, así
como para la adulta mayor.
- Seguridad social: Establecer el sistema
de seguridad social de protección universal incluyendo
seguros de enfermedades, accidentes, desempleo y vejez.
Derechos de las mujeres
- El Estado Laico debe reconocerse como
expresión sustantiva de la diversidad y la pluriculturalidad,
así como condición y garantía de las
libertadas individuales. Para esto es necesario ampliar
su definición en el texto constitucional y establecer
mecanismos de sanción a los funcionarios y funcionarias
que actúen en contra de este principio .
- En materia de salud: 1) Dar cumplimiento
puntual a la recomendación 36 del Comité de
la CEDAW ; 2) Homologar las legislaciones estatales, tanto
en ampliación de razones para el aborto legal como
en los procedimientos para hacer efectivo ese derecho, con
base en el estándar más alto en el país;
3) Ampliar a escala nacional el Programa de Mastografías
gratuitas; 4) Mantener la Anticoncepción de Emergencia
en la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar,
así como en el Cuadro Básico de Medicamentos
y garantizar el acceso a los medicamentos necesarios y al
condón femenino, 5) Impulsar una estrecha vigilancia
sobre las repercusiones que tienen en la salud de las mujeres
las condiciones laborales; 6) Impulsar campañas de
salud con enfoque de género, que promuevan el ejercicio
integral del derecho a la salud que todas las mujeres tienen.
Migración
- Desarrollar programas de fomento
al desarrollo sustentable local en las comunidades de origen
de las personas migrantes, que fortalezcan el tejido productivo
y atenúen la migración en el mediano plazo.
- Desarrollar una política de Estado
que considere la especificidad de México como país
de origen, tránsito y destino de migrantes. La política
migratoria debe tener como eje central a las personas migrantes
y ser garante del respeto a sus derechos, independientemente
de su estatus migratorio y de su nacionalidad. Debe tener
un enfoque transversal de género y edad, para eliminar
la inequidad y tomar en cuenta las necesidades y condiciones
particulares de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Libertad de expresión
- Mantener la Fiscalía Especial
para la Atención de las Agresiones contra Periodistas
de la Procuraduría General de la República,
y ampliar su competencia y atribuciones a través
de una reforma legislativa a la Ley Orgánica de la
PGR, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código
Penal Federal, para que la Fiscalía conozca de todas
las agresiones contra periodistas, independientemente de
que no existan en apariencia elementos de conexidad con
delitos federales.
- Fortalecer el derecho de acceso a la
información a través de la presentación
de un conjunto de reformas legislativas que democratice
la ley del Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública Gubernamental, y promover iniciativas de
leyes de Clasificación de Archivos y de Protección
de Datos Personales.
Medios Comunitarios
- Pronunciarse y promover el pleno
reconocimiento jurídico de la radiodifusión
comunitaria en las leyes, así como garantizar su
operación y desarrollo efectivo a través de
los reglamentos y demás normas administrativas respectivas.
- Elaborar e implementar políticas
públicas adecuadas para garantizar el financiamiento
necesario para fomentar la producción independiente,
la operación y desarrollo de los medios comunitarios,
así como el establecimiento de un régimen
preferencial permisionado para comunidades indígenas
y campesinas. El apoyo a la convergencia tecnológica
de los medios comunitarios, y la reserva de frecuencias
para emisoras de uso social y comunitario, todo ello a fin
de asegurar la autonomía operativa e independencia
plena de estos medios.
Derechos de la infancia
- Crear el Sistema Nacional de Protección
de los Derechos de la Infancia. Compuesto por: el Consejo
Nacional de Protección y Promoción los Derechos
de la Infancia, las Defensorías de los Derechos de
la Infancia, el Instituto de la Infancia, el Sistema Nacional
de Información y Monitoreo, así como la obligación
de la administración federal de elaborar un Programa
Nacional de Derechos de la Infancia que incorpore un informe
anual de avances.
- Desarrollar políticas públicas
tendientes a crear un tejido socio- jurídico que
proteja a la población especialmente discriminada
y en situación de vulnerabilidad. A través
de programas, medidas legislativas y de justiciabilidad
suficientes y focalizadas que garanticen el interés
superior del niño cuando éste sea víctima
de cualquier forma de discriminación y/o explotación:
trata, abuso sexual y cualquier otra modalidad de violencia
infantil o de infancias que se encuentran dentro y fuera
del ámbito familiar (desplazados, migrantes, calle)
o en instituciones de acogida. Elaborar investigaciones
sistemáticas que produzcan información fáctica
y constante para el diseño de acciones focalizadas
y para la presupuestación de fondos públicos
de calidad para el financiamiento de programas no gubernamentales
a favor de estas poblaciones infantiles, en particular para
aquellas áreas y situaciones en donde existe menos
cobertura.
- Promoción de políticas
públicas en Educación Sexual integral, laica,
científica, gratuita y obligatoria que fortalezca
el ejercicio de los derechos sexuales de niñas, niños
y adolescentes.
Participación Ciudadana
- Impulsar un proyecto de ley de
participación ciudadana que contemple tanto la dimensión
de participación en la gestión pública
como la de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones.
Apuntar, con su aplicación a la mayor inclusión
de la diversidad de la sociedad civil y plantear con claridad
los canales institucionales en que esa diversidad puede
incidir. Ampliar el campo de iniciativa legal en la materia
a otras leyes que requieren ser modificadas en consistencia
con la de participación ciudadana.
- Establecer los mecanismos formales para
la interlocución con la sociedad civil en torno a
políticas y programas integrados y coordinados y
no sólo en función de requerimientos instrumentales
de cada programa público. Para ello se sugiere establecer
una autoridad social en el sector público que cuente
con capacidad resolutiva y de interlocución permanente
con la sociedad civil.
Pueblos Indígenas
- Promover que el Congreso de la
Unión reabra el debate sobre la reforma constitucional
en materia indígena, con el objeto de establecer
claramente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas
de acuerdo a la legislación internacional vigente
y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de
San Andrés.
- La preservación y protección
de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y
comunidades indígenas debe tener prioridad por encima
de cualquier otro interés en la solución de
los conflictos agrarios.
Fomento de las Organizaciones Civiles
- Creación de un órgano
desconcentrado de la Administración Pública
Federal, normativo que regule y coordine el conjunto de
las acciones de fomento del gobierno federal, con las siguientes
características:
-que opere la Ley de Fomento, sea
-conducido por un Consejo Ciudadano y tenga
- presupuesto propio.
- Establecer un Sistema Nacional de Apoyo
a los Promotores Sociales, que les ofrezca diversos incentivos
profesionales y laborales, a través de becas, premios
y otros estímulos económicos, e incluya sistemas
de protección social a través de mutuales
o seguros colectivos
COMPROMISOS DE INTERLOCUCIÓN
CON LA SOCIEDAD CIVIL
Reconociendo la importancia de la participación
de las organizaciones civiles en el diseño, implementación
y evaluación de políticas públicas, se
establecerán mecanismos claros de interlocución
y participación entre la sociedad civil y el gobierno,
especialmente en la definición de los representantes
de las organizaciones civiles en consejos consultivos y ciudadanos,
y en su incidencia en la toma de decisiones. Estos representantes
deben ser propuestos por las organizaciones y no por las instancias
gubernamentales, asegurando así su autonomía.
La relación entre ambos será siempre transparente,
y se asegurará que la interlocución con las
organizaciones civiles se realice con funcionarios gubernamentales
con capacidad y atribuciones de decisión.
En la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo se tendrá en cuenta el marco legal existente
sobre la participación de las organizaciones civiles,
estableciendo los mecanismos de diálogo y facilitando
su participación para integrarlo.
Ciudad de México, a 27 de febrero del 2006.
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