Transversalidad
de género: compromiso de Estado
Lic.
Marusia López
[1]
La
capacidad del movimiento feminista y amplio de mujeres
para expresar y negociar sus experiencias, conocimientos,
aspiraciones y utopías, ha generado una de las revoluciones
más subversivas de nuestros tiempos
[2] . Entre los resultados de nuestra lucha, destaca
el establecimiento de un marco jurídico internacional,
orientado a la erradicación de la desigualdad de género.
Al
firmar y ratificar la CEDAW y el Pacto de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, ambos vinculantes jurídicamente,
el gobierno mexicano adquirió la obligación de condenar
la discriminación contra las mujeres en todas sus formas,
a impulsar sin dilaciones una política encaminada a
erradicarla [3] y a garantizar que todas las
mujeres puedan gozar los derechos económicos, sociales,
culturales [4] , sexuales y reproductivos. En la Plataforma
de Acción de Beijing, por su parte, se establecieron
orientaciones de política pública para transversalizar
e institucionalizar la perspectiva de género y con ello,
transformar las condiciones estructurales que históricamente
han mantenido la enorme brecha de desigualdad entre
hombres y mujeres [5] .
El
cambio en la racionalidad de los procesos de formulación
de las políticas públicas y sus marcos institucionales [6] , el diseño e implementación de políticas de equidad [7] y la evaluación de las implicaciones
que para hombres y mujeres tiene cualquier acción planificada,
fueron algunas de las estrategias concretas a las que
nuestro gobierno se comprometió al suscribir la Plataforma.
Sin
embargo, en nuestro país las disposiciones internacionales
en materia de equidad de género, han sido entendidas
de manera marginal o funcional a las estructuras autoritarias
y el modelo económico vigente. Las demandas de equidad
de género se han atendido como “asuntos de mujeres”,
recluyéndose en institutos y programas sectorizados
o focalizados, que carecen de los recursos necesarios
y que están desvinculados del curso principal de las
políticas económicas y sociales del Estado
[8] . En consecuencia, el orden jurídico-institucional
actual, carece de las garantías necesarias para asegurar
la vigencia de los derechos de las mujeres y permite
la pervivencia de prácticas culturales que legitiman
la exclusión, la subordinación y la explotación de más
de la mitad de la población mexicana.
La
institucionalización y transversalización de la perspectiva
de género, son indispensables para evitar que las mujeres
sigan representando el 60% de las personas que viven
en extrema pobreza [9] ; se inserten en el mercado laboral asumiendo solas las 37
horas semanales que en promedio ocupa el trabajo doméstico
y familiar [10] , y permanezcan subrepresentadas en todos
los órganos de toma de decisiones.
Reconocemos
que en la plataforma electoral de la Alianza por el
Bien de todos, se apuntan medidas significativas hacia
el cumplimiento de los compromisos internacionales en
materia de equidad de género. Sin embargo, consideramos
que dichas medidas son insuficientes y que corren el
riesgo de perderse en generalizaciones que las haga
inoperantes.
Frente
a ello, proponemos:
