En 1998 tres organizaciones
del movimiento feminista mexicano (Salud Integral para
la mujer, A.C., Fundación para la Equidad, A.C.
y Equidad de Género, Familia y Trabajo. A.C.)
crearon Consorcio para el Diálogo Parlamentario
y la Equidad con el fin de contribuir a crear puentes
entre las organizaciones de mujeres y los congresistas
en México para legislar a favor de los derechos
de las mujeres y la no discriminación.
La misión del Consorcio es
coadyuvar a la plena ciudadanía de las mujeres
hacia una sociedad justa, plural, equitativa, y al fortalecimiento
de un Estado de derecho democrático.
El Consorcio es la primera iniciativa
ciudadana en México que dedica sus esfuerzos
y recursos exclusivamente a impulsar, acompañar,
difundir, dar seguimiento y evaluar procesos legislativos.
En particular actúa para incidir en los temas
relacionados con la equidad de género y la no
discriminación. Se posiciona de manera permanente
junto al poder legislativo y de manera puntual con el
Ejecutivo y el poder Judicial.
De cara a la sociedad, con autonomía
de los partidos políticos y del gobierno, se
vincula estrechamente con otras organizaciones civiles
y del movimiento feminista mexicano e internacional,
bajo principios éticos de tolerancia, inclusión,
transparencia y solidaridad.
En el Consorcio participa un equipo
de mujeres dedicadas a realizar actividades informativas,
de difusión, de capacitación, de análisis
y gestión sobre las agendas legislativas tanto
en el Congreso Federal como en los congresos estatales
relativas a la equidad de género y la no discriminación.
Mantiene relaciones de colaboración con organizaciones
de 20 estados de la República.
El Consorcio cuenta con un sistema
de información especializado en los temas legislativos
y la equidad de género, así también
publica un boletín informativo bimensual titulado
"Agenda Afirmativa", distribuido entre las
y los legisladores federales y estatales, entre las
organizaciones de mujeres y afines y entre los/as periodistas.
Edita separatas con análisis particulares de
la realidad legislativa en México.
Otras actividades que realiza son:
organización de foros estatales para diseñar
y evaluar agendas legislativas entre congresistas, gobierno,
organizaciones de mujeres y academia. También
desarrolla talleres sobre participación ciudadana
y procesos legislativos.
En México, la vida parlamentaria
desde una perspectiva democrática y plural tiene
apenas unos años de haberse iniciado. Anteriormente
lo que predominaba era el presidencialismo, hegemonizado
por un solo partido político, quien daba las
pautas para legislar y definir la política social
y económica del país.
En la nueva realidad política
del país, la participación de la sociedad
civil en los asuntos parlamentarios es débil
aún, a pesar de la fuerza de las organizaciones
ciudadanas en el tránsito a la democracia del
país. Ello se debe fundamentalmente a la escasa
cultura legislativa que existe entre la población
y a su poca confianza en las instituciones del Estado.
Por otro lado, el movimiento feminista
en México ha ido cobrando mayor legitimación
política, logrando avances en el reconocimiento
de la desigualdad de oportunidades para las mujeres
y modificando ciertas políticas públicas
dirigidas a combatir la discriminación de género.
Sin embargo el marco jurídico con relación
a los derechos de las mujeres y la definición
de presupuestos para desarrollar dichas políticas
no concuerda con los discursos oficiales.
Hasta ahora la acción legislativa
a favor de las mujeres se ha centrado fundamentalmente
en el tema de la violencia de género (intrafamiliar
y sexual) y se ha logrado también la creación
de Comisiones de Equidad y Género en el Congreso
Federal y en la mayoría de los congresos estatales.
Quedan aún importantes modificaciones
legislativas para que las mujeres mexicanas tengan igualdad
de oportunidades y acceso a la justicia, sobre todo
en el campo de los derechos laborales, rurales, reproductivos
y sexuales, así como en el terreno de la participación
política.
Otro elemento importante a tomar en
cuenta es que la transición a la democracia del
país todavía no se traduce en el mejoramiento
de los niveles de vida de la población. En ese
sentido, las mujeres han sido y son las más afectadas
por las políticas económicas del sistema
mexicano. Ellas enfrentan diariamente el encarecimiento
del costo de la vida, el desempleo, la escasez de servicios
públicos, la falta de impartición de justicia
y la impunidad, además de la violencia y la discriminación
de género en los ámbitos públicos
y privados que merman su calidad de vida
De esta manera, el Consorcio
coadyuva a fortalecer el proceso de transición
a la democracia y la justicia social con equidad de
género en México.
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