Transparencia

Las sociedades actuales viven manifestaciones profundas de una crisis global. El impacto de este proceso implica una redefinición del campo político-institucional y de las relaciones sociales. La democracia aparece, en ese horizonte, como el modo elegido para avanzar en un rediseño profundo del Estado.

Nuestro país, el México del Siglo XXI, está marcado también por una nueva realidad política y no es la excepción a dicho proceso. La transición política que hoy vivimos implica un nuevo diseño institucional y la adopción de formas incluyentes y abiertas, con el propósito de redefinir a profundidad la relación entre Estado y sociedad en torno a un nuevo rumbo de la nación.

Consecuentes con un sistema en el que las decisiones políticas eran diseñadas e instrumentadas por el Poder Ejecutivo, las organizaciones de la sociedad civil dirigieron en el pasado su labor de cabildeo y demanda hacia el Presidente de la República como la autoridad que en última instancia decidía y resolvía las demandas sociales y ciudadanas. Su relación con el senado fue, entonces, incipiente o francamente inexistente.

Fue hasta épocas relativamente recientes que la creciente pluralidad y diversidad política que finalmente se plasmó en una nueva composición del congreso, en forma inicial en la Cámara de Diputados, motivó a la sociedad civil a plantearse la necesidad de establecer mecanismos de diálogo, participación e incidencia con el Poder Legislativo.

Más adelante, el inicio de la alternancia en el Poder Ejecutivo, acompañada de una correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión tal que obliga a aquél al diálogo y a la búsqueda de consensos para hacer avanzar sus iniciativas y propuestas de planes y programas que afectan el desarrollo de las políticas públicas, ha marcado una nueva etapa en la relación entre los Poderes de la Unión, pero también entre éstos y la sociedad civil.

No obstante, para los ciudadanos en general y para quienes suscribimos la presente, es claro que la sola alternancia en el gobierno por la que se han pronunciado la mayoría de los mexicanos, no es suficiente para garantizar el cambio democrático y que el impulso y solidificación de mecanismos de participación e incidencia de la sociedad civil es una condición imprescindible para lograrlo ya que, entre otros aspectos, coadyuvaría a legitimar nuestro ejercicio como representantes de la sociedad y, por otra parte, es indispensable para asegurar a los gobernados la posibilidad de acompañar, vigilar y evaluar nuestra gestión legislativa.

En ese tenor, para poder responder a las expectativas de la sociedad civil en esta materia, es necesario que los poderes públicos en México se ubiquen frente a ella en una perspectiva diferente, dejando atrás prejuicios y prácticas del pasado. De igual forma, es necesario el impulso de una nueva cultura ciudadana de participación y de relación con los órganos del poder.

Lo anterior requiere de la adecuación del marco legal que norma la relación de los poderes públicos y la sociedad, así como la participación ciudadana en general y, particularmente, la de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos ligados a la definición de políticas públicas y a otros actos del poder público, a fin de darle un status jurídico y persistencia, con independencia de alternancias gubernamentales y correlaciones de fuerzas cambiantes en la composición del congreso.