P Electoral 2006 - Agenda 2006

Derechos de las Mujeres para la Democracia y el Desarrollo Nacional
Agenda 2006

Espacio Feminista [1]

1. Diagnóstico
El Estado mexicano ha eludido paulatinamente su responsabilidad constitucional de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todos y todas, lo mismo que su capacidad reguladora para promover la equidad, la democracia y el desarrollo.
El avance hacia la paridad de género, condición necesaria para el desarrollo y la democracia de nuestro país, enfrenta hoy múltiples obstáculos. Los más de veinte años de políticas de ajuste estructural que han imperado en México, obligaron a las mujeres a asumir como propia la responsabilidad de los servicios en materia de salud y educación que el Estado dejó de ofrecer, a la vez que las alejaron del acceso a la propiedad y al empleo digno.
Por la vulneración del carácter laico del Estado corremos el riesgo de que se imponga, en una sociedad diversa y plural como la nuestra, una visión única y dogmática de la realidad, que históricamente se ha negado a reconocer la diversidad, los derechos sexuales y reproductivos de la población y la transformación de los roles tradicionales de género, contraviniendo con esto pactos y acuerdos internacionales.
La democracia representativa ha resultado nugatoria a la representación sustancial de las mujeres, quienes siguen sin tener una influencia política significativa. Un país no puede decirse democrático si deja de lado o minimiza la participación, demandas y propuestas de más de la mitad de su población.
El Estado, la democracia y la sociedad tienen una enorme deuda con las mujeres mexicanas:

Según datos del Indesol, 26 millones de mujeres en México pertenecen a la población en situación de pobreza y pobreza extrema, mientras que el Inmujeres señala que el 46.3% de los hogares encabezados por una mujer son pobres.
La discriminación salarial persiste ya que, según los datos del Indesol, 14% de las obreras y 20% de las profesionistas ganan menos que los hombres en la misma posición laboral.
El trabajo doméstico y familiar, que absorbe un promedio de 37.1 horas a la semana y que garantiza bienes y servicios necesarios para la sociedad, sigue siendo una responsabilidad exclusiva de las mujeres que no se contabiliza como parte del PIB.[2]
La precariedad en los servicios de atención a la salud genera que cada año mueran mil 400 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto.
El aborto representa la cuarta causa de mortalidad materna en México,[3] no obstante sigue siendo tratado como delito en los códigos penales y no como un problema de salud pública.
La política presupuestaria sigue sin considerar las diferencias de género al destinar sólo 0.45% del PIB a programas prioritarios de atención a las mujeres.
Según datos de Indesol, dados a conocer en 2005, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja alguna vez en su vida y doce mueren diariamente a consecuencia de la violencia.
La violencia contra las mujeres tiene su manifestación más extrema en el feminicidio. Amnistía Internacional reconoce que más de 370 mujeres han sido brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez y de ellas al menos 137 presentan señales de haber sido sometidas a violencia sexual. A estas cifras hay que añadir alrededor de 70 jóvenes todavía desaparecidas.
La presencia femenina en los espacios de toma de decisión y de representación política es aún muy baja, de hecho las mujeres constituyen sólo el 3% de las presidencias municipales, el 14.6% de las candidaturas por mayoría relativa al Senado y 15% a la Cámara de Diputados.[4]

Lo anterior muestra que la ausencia de una efectiva paridad de género y la pervivencia de prácticas discriminatorias nos afecta a todos y todas, ya que pone en riesgo la gobernabilidad y el desarrollo de nuestro país. A la luz de los logros obtenidos por el movimiento feminista, por amplios grupos de mujeres y por la voluntad política de algunos gobiernos, queda preguntarnos: ¿Cuáles son los obstáculos específicos --condiciones materiales, legislación, expectativas culturales-- que impiden el disfrute de los derechos de las mujeres y de qué modo pueden ser superados?
2. Propuestas
a) Reforma del Estado

Reconocer el Estado laico como expresión sustantiva de la diversidad, de lo pluricultural, son condición y garantía de las libertades individuales. El laicismo se opone a lo teocrático y a lo autoritario, no a lo religioso.[5] Para evitar el riesgo de vulnerar la condición laica del Estado es necesario ampliar su definición en el texto constitucional y establecer mecanismos de sanción a los funcionarios, funcionarias y ministros de culto que actúen en contra de este principio,[6] así como impulsar una nueva Ley Reglamentaria que garantice la laicidad del Estado.
Armonizar la legislación en los ámbitos federal y local con los convenios internacionales firmados por México en materia de equidad de género y no discriminación.
Hacer efectiva la implementación de plataformas y programas de acción (en particular los de El Cairo y Beijing) en la planeación de políticas, programas y proyectos públicos.
Incorporar al Artículo 1° Constitucional la no discriminación por orientación sexual y legislar en concordancia con la propuesta de Ley de Sociedades de Convivencia en los ámbitos federal y local.
Aprobación de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y aprobación de la Ley General que crea el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Niñas, ambas aprobadas en el Senado.

b) Reforma económica y social Presupuesto y planeación del desarrollo:

Incorporar en la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública: 1)La desagregación por sexo de la información relacionada con las y los beneficiarios de todos los programas gubernamentales, así como la difusión de dicha información; 2) Formular, desde la perspectiva de género, los diagnósticos sobre los que se elaboran todos los programas gubernamentales, para atacar las desigualdades entre los grupos de población a los que va dirigido el programa; 3) Desarrollar indicadores de género en todos los programas y presupuestos, única forma de saber si están beneficiando a las mujeres y contribuyendo a su empoderamiento.[7]
Asignar 20% del presupuesto nacional a programas sociales básicos para mujeres.[8] En particular, garantizar recursos que fomenten el empleo productivo y el acceso de las mujeres a la propiedad, sobre todo en los estados que presentan mayor desigualdad y en los pueblos indígenas o conformados mayoritariamente por afro descendientes.

Trabajo y familias:

En materia laboral, sancionar las prácticas discriminatorias por género y el hostigamiento sexual laboral; integrar a la legislación medidas para proteger a las mujeres que trabajan en sectores informales (comercio informal y trabajo doméstico) y la maquila; así como ratificar el Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares.[9]
Etiquetar fondos financieros para apoyar a mujeres que son cabeza de familia.
Crear escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria con horario ampliado y con servicio de desayuno y comida, preferentemente para mujeres trabajadoras.
Comprometer, en los convenios bilaterales de México con los Estados Unidos, respeto a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras mexicanos, así como la garantía de servicios de salud y educación con perspectiva de género para esta población.
Diseñar una política de desarrollo de las familias que parta de un diagnóstico nacional de los diferentes arreglos y condiciones familiares existentes en nuestro país y los retos que enfrentan.

Educación:

Formular contenidos de equidad y con perspectiva de género en libros de texto gratuitos, así como reconocer en ellos el papel de las mujeres en la Historia de México.
Políticas y programas que promuevan la educación sexual laica, científica, gratuita y obligatoria que fortalezca los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes, que promuevan la equidad de género, la prevención del VIH SIDA y combatan la homofobia, el estigma y la discriminación.

Violencia:

Diseñar una política de seguridad que reconozca los riesgos específicos que enfrentan las mujeres, con base en ellos establecer las acciones preventivas necesarias; promover la creación de “entornos seguros” (servicios y transporte público, etc.);[10] destinar recursos suficientes para mejorar la seguridad pública (para la instalación de alumbrado y servicios de vigilancia, la pavimentación de caminos, líneas telefónicas de emergencia y programas de denuncia, etc.) y contemplar la creación de un cuerpo policiaco especializado en violencia de género.[11]
Para erradicar el feminicidio: 1) Evaluar los resultados obtenidos hasta el momento e incorporar acciones que respondan a los resultados del diagnóstico nacional coordinado por la Comisión Especial para Investigar Feminicidios, 2) Tipificar el delito de feminicidio, 3) Investigar y sancionar la negligencia, omisión, complicidad o tolerancia de agentes del Estado en las desapariciones y homicidios de mujeres; 4) Garantizar que las investigaciones de los asesinatos a mujeres sean imparciales e independientes.

Salud:

Dar cumplimiento puntual a la recomendación 36 del Comité de la CEDAW.[12]
Homologar las legislaciones estatales, tanto en ampliación de razones para el aborto legal como los procedimientos para hacer efectivo ese derecho, con base en el estándar más alto en el país.
Garantizar las condiciones para que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir a través de la instrumentación real del enfoque de salud reproductiva aprobado en las Conferencias de El Cairo y Beijing.
Ampliar a escala nacional el Programa de Mastografías Gratuitas.
Mantener la Anticoncepción de Emergencia en la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar, así como en el Cuadro Básico de Medicamentos, y garantizar el acceso a éstos y al condón femenino.
Impulsar una estrecha vigilancia sobre las repercusiones que tienen en la salud de las mujeres las condiciones laborales.
Impulsar campañas de salud con enfoque de género que promuevan el ejercicio integral del derecho a la salud que todas las mujeres tienen.
Triplicar el número de clínicas de displasia.
Ampliar los servicios para adolescentes que garanticen la atención a su salud en forma integral y en un marco de pleno respeto a sus derechos, particularmente los sexuales y reproductivos. Para ello es necesario duplicar la cantidad de Centros de Salud Amigables para adolescentes y garantizar que sean atendidos por personal capacitado.
Crear casas de acogida para mujeres jóvenes embarazadas.
Incorporar un capítulo específico sobre salud reproductiva en la Ley General de Salud.

Medio ambiente:

Para que las mujeres contribuyan con la política ambiental y sean beneficiadas por ella es necesario: 1) Evitar que las políticas de preservación y uso sostenible del ambiente empeoren las inequidades sociales y de género, garantizando la participación de hombres, mujeres y sus comunidades en su formulación; 2) Avanzar en la elaboración de indicadores con perspectiva de género, como herramienta necesaria para realizar el análisis, monitoreo y evaluación de programas federales, estatales y municipales en los sectores agrario, agropecuario, forestal, pesquero y de conservación de la biodiversidad; 3) Ampliar las instancias de contraloría social relacionadas con la equidad de género en las políticas ambientales.[13]

Institucionalización:

Fortalecer las facultades legales y administrativas del Instituto Nacional de las Mujeres y garantizar que su dirección tenga un alto nivel de gestión política, así como las condiciones necesarias para interpelar al conjunto de las secretarías de gobierno, con el objetivo de impulsar, entre otras, las siguientes medidas:
1. Diseñar y evaluar normas oficiales mexicanas en materia de género;
2. Coordinar la implementación de un Plan Nacional de Acción para la Transversalidad de la Perspectiva de Géneroen todas las instancias de gobierno;
3. Garantizar la participación del movimiento feminista y amplio de mujeres en el diseño y evaluación de la política económica y social a través del Consejo Consultivo, audiencias públicas y consultas especializadas.
4. Elaborar y difundir un informe anual que reconozca a los medios de comunicación que promueven valores e iniciativas de equidad y que señale públicamente a los que no lo hagan.

c) Fortalecimiento de la democracia

Integrar un gabinete de hombres y mujeres sensibles al género y en el cual los hombres participantes no tengan antecedentes de violencia.
Establecer, en el Plan Nacional de Desarrollo, objetivos para dotar a las mujeres de capacidades para mejorar su acceso a puestos de toma de decisión, de planificación y gestión de políticas públicas.
Introducir la idea de paridad en la Constitución, en el sentido de establecer que: "la ley favorece la igualdad de acceso a cargos y funciones para los hombres y las mujeres".
Incorporar en la legislación vigente sanciones a los partidos que no respeten las leyes electorales en materia de cuotas y que presionen a las mujeres a abandonar sus cargos. Modificar la Ley electoral para que los partidos promuevan entre sus militantes la formación en equidad y derechos de las mujeres y que el IFE asigne recursos para esto.
Poner especial énfasis en la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones, en presidencias municipales, órganos autónomos y “altos cargos” dentro de la administración pública.
Instrumentar, en el marco de la Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil, mecanismos en los que participen de forma corresponsable instituciones públicas, organizaciones de mujeres y agencias de Naciones Unidas, para exigir el cumplimiento de la legislación y las políticas de equidad de género existentes.
Promover una efectiva apropiación, por parte de la población femenina y de la sociedad en su conjunto, de los derechos de las mujeres a través de: 1) Campañas que difundan los derechos, los mecanismos para hacerlos exigibles y justiciables y las instituciones responsables; 2) Mayor acceso de las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres a los medios masivos de comunicación; 3) Reconocimiento nacional a las prácticas que favorezcan la paridad de género; 4) Incentivos fiscales a empresas que promuevan la equidad y la no discriminación.

[1] Articulación mexicana de organizaciones y mujeres feministas.
[2] Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Los objetivos de desarrollo del milenio en México: Informe de Avance 2005. Publicado por el Gabinete de Desarrollo Humano y Social.
[3] Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994-2003)
[4] Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Los objetivos de desarrollo del milenio en México: Informe de Avance 2005. Publicado por el Gabinete de Desarrollo Humano y Social.
[5] Frente por el Fortalecimiento de la Cultura Laica. Código Laico. 2005.
[6] Coalición Ciudadana para la Transición con Justicia y Equidad. Pacto de Gobernabilidad. 2005.
[7] Lucía Pérez. Propuestas para el Encuentro Un trecho más. Equidad de Género. 2005.
[8] Plataforma de Acción de Beijing.
[9] Versión estenográfica del Foro sobre Mujeres Un trecho más. Intervención de Marina Arvizu. 2005.
[10] Versión estenográfica del Foro sobre Mujeres Un trecho más. Intervención de Teresa Incháustegui. 2005.
[11] Amnistía, México. Muertes intolerables, diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, 2005.
[12] Recomendaciones al 5° Informe periódico de México, en Manual. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y su Protocolo Facultativo, CEDAW. México: SRE, UNIFEM, PNUD, 2004, p. 106.
[13] Laura E. Ruiz Meza. Desarrollo sustentable con equidad de género en México. Situación actual y perspectivas. 2005.

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