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SOBRE
LA PROPUESTA CIUDADANA
DE INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL
3
DE DICIEMBRE DE 2004
La propuesta
de adiciones y reforma a los artículos 72, 75, 82, 84,
86 y 93 de la Ley Orgánica del Congreso General tiene
como propósito instituir, delimitar y transparentar los
mecanismos de definición de la Agenda Legislativa y de
la participación ciudadana en el proceso de evaluación
y enriquecimiento de las iniciativas en el seno de las comisiones,
para el Senado de la República
La misma es fruto
de una relación de diálogo y colaboración estrecha entre la
Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales
Internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
En efecto, la sugerencia de reformar la Ley Orgánica está
contemplada dentro de la Propuesta de Agenda en Común
que fuera presentada al Senado el 13 de febrero de 2003, como
resultado del Foro “El Senado de la República y la Sociedad
Civil / Hacia una nueva relación”, celebrado en el mes
de junio de 2002.
Después de un
detenido análisis de las propuestas vertidas en dicho foro,
el grupo a cargo de la construcción y promoción de la presente,
conformado por DECA Equipo Pueblo, A.C. y Consorcio para
el Diálogo Parlamentario y la Equidad, hacimos entrega
al senador Ricardo Gerardo, Presidente de la Comisión
de Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales Internacionales,
de esta Propuesta Ciudadana de Iniciativa a fin de que dicha
comisión la conociera para adoptar como propios sus propósitos
y, después de hacer los ajustes de técnica jurídica pertinentes,
la presentese ante el pleno del Senado de la República
con el apoyo de senadores de todos los grupos parlamentarios.
Puede establecerse
que el proceso hacia una mayor rendición de cuentas,
tanto horizontal como vertical, ha tomado en el ámbito legislativo
un impulso enorme que, sin embargo, está lejos de haberse
agotado y que seguirá requiriendo, obviamente, de nuevas formas
para perfeccionarlo en el marco de una diálogo nacional, amplio,
abierto y transparente sobre la reforma del Estado.
A través de su historia en los últimos 55
años, los grupos y entidades que constituyen la sociedad
civil organizada se han dado cuenta de que no forman —ni deben
formar— parte del gobierno ni de los órganos legislativos
o judiciales, pero que sí deben luchar por que se establezcan
mecanismos claros de relación con ellos para garantizar la
democracia en los procesos de toma de decisiones sobre los
problemas públicos, y en el diseño, ejecución y evaluación
de las políticas públicas para solucionarlos.
En el ámbito
específico de la interlocución ciudadana con el Poder Legislativo,
podemos señalar como un ejemplo o antecedente relevante, entre
otros, el trabajo realizado por las organizaciones civiles
impulsoras del Parlamento de Mujeres de México en 1998,
espacio inédito de análisis, generación de propuestas legislativas
y vínculo entre parlamentarias federales, locales y la sociedad
civil organizada. Su quinta edición, celebrada en marzo del
presente año, es un antecedente fundamental de construcción
de una democracia participativa. Cabe resaltar que en dicho
espacio parlamentario la sociedad civil ha accedido a la tribuna
del Congreso y que en su reglamento interno se contempla la
creación del denominado Organismo de Interlocución Ciudadana.
Así, la sociedad civil mexicana ha descubierto
que para garantizar la respuesta efectiva a los intereses
y a los problemas públicos, es necesaria su participación
en los procesos de toma de decisiones, operando en el sistema
político con autonomía pero interactuando propositivamente
con las diferentes instancias formales de los poderes del
Estado.
En el caso
de la Cámara de Senadores ha quedado claro que existe
una clara disposición a continuar avanzando en ese proceso
de diálogo y de perfeccionamiento de la rendición de cuentas
vertical. Es decir, de buscar nuevas formas para proveer
de información relevante a la ciudadanía en torno a su trabajo,
comenzando por la propia Agenda Legislativa; y de buscar otras
tantas para que este importante órgano del Estado pueda apoyarse
y enriquecerse en el cumplimiento de sus fines del conocimiento
y actividad que despliega cotidianamente la sociedad civil
en el ámbito público, pero con base en ordenamientos jurídicos
que así lo establezcan clara y explícitamente.
En este sentido,
consideramos que el conocimiento público y apertura del proceso
legislativo requiere de establecer en primer lugar como
obligatoria la presentación con antelación a los trabajos
de los grupos parlamentarios, de las comisiones y de la propia
Cámara de Senadores, de las Agendas Legislativas.
Con ese fin,
en esta propuesta de iniciativa planteamos que los grupos
parlamentarios presenten y publiquen su Agenda Legislativa
Genérica y las Específicas que impulsarán frente a la Junta
de Coordinación Política al inicio de cada legislatura en
cuestión y antes del arranque de cada periodo ordinario de
sesiones. En correspondencia con esta adición, se propone
también instituir la atribución de los Coordinadores de los
Grupos Parlamentarios de comunicar a la Mesa Directiva las
modificaciones que ocurran en su agenda legislativa.
En este mismo orden de ideas, proponemos establecer
como atribución de la Junta de Coordinación Política el hacer
pública (en la Gaceta Parlamentaria) la Agenda Legislativa
de cada periodo de sesiones, con base en las propuestas
hechas por los grupos parlamentarios y tomando en consideración
las presentadas por organizaciones u otras instancias de expresión
ciudadana, para cada periodo ordinario de sesiones,
todas ellas previamente publicadas también en la Gaceta Parlamentaria;
y el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden
del día de las sesiones del Pleno. También proponemos
extender las atribuciones del Presidente de la Junta de Coordinación
Política, para “recibir y desahogar ante la Junta las propuestas
para la elaboración de la agenda legislativa que presenten
por escrito organizaciones u otras instancias de expresión
ciudadana previo al proceso de su elaboración ….”.
El anterior cambio
tiene el propósito de abrir un espacio delimitado a las propuestas
ciudadanas en la conformación de la Agenda Legislativa de
la Cámara de Senadores, aunque su recepción no tendrá un efecto
vinculante.
Posteriormente,
proponemos establecer por primera vez la obligación de
las comisiones de contar con una Agenda Legislativa y de Trabajo
que, una vez aprobada, se publicará en la Gaceta Parlamentaria,
al igual que los cambios que posteriormente pueda tener la
misma. Se propone que “para la definición de la Agenda Legislativa
y de Trabajo de las comisiones ordinarias, sus presidentes
deberán tener en consideración la propia que acuerde la Junta
de Coordinación Política para la Cámara de Senadores, las
de los grupos parlamentarios, así como las propuestas de los
senadores integrantes de la comisión; asimismo, se tomarán
en consideración las presentadas por organizaciones u otras
instancias de expresión ciudadana que puedan aportar conocimientos
y experiencias sobre la misma y que sean presentadas a él
por escrito y con antelación al momento de su elaboración”.
Bajo esta óptica,
se pretende garantizar que en la definición de las agendas
de comisiones ordinarias se tenga en consideración la pluralidad
de la representación existente en el seno de cada una de ellas,
así como los elementos provenientes de las experiencias ciudadanas
que puedan enriquecer el juicio de los legisladores al momento
de integrar este instrumento definitorio de la misión y trabajo
de las comisiones, así como de su posterior evaluación. Se
busca, por otro lado, contar con un elemento explícito que
facilite la evaluación a posteriori del trabajo desarrollado
por la Cámara de Senadores en el ámbito de las comisiones.
El otro aspecto
que hemos considerado toral en esta iniciativa es el fortalecimiento
y perfeccionamiento del proceso legislativo en el seno de
las comisiones, en la perspectiva de lograr una mejor
rendición de cuentas vertical en la conformación, presentación,
evaluación y dictaminación de las propuestas e iniciativas
objeto de trabajo.
Así, se establece que las reuniones de
las comisiones “serán” públicas, cuando así lo “acuerde su
Mesa Directiva por iniciativa propia o en respuesta a solicitud
expresa y por escrito de alguna organización u otra instancia
de expresión ciudadana, siempre y cuando cuente con la firma
de autorización en tal sentido de la mayoría de los integrantes
de la comisión.” En este caso, el propósito es facultar
a las mesas directivas de las comisiones (que en su integración
contemplan la pluralidad de las fuerzas políticas representadas
en la cámara), a establecer el carácter público de una reunión
de la misma, haciendo más expedito y ágil el procedimiento
de tal decisión que puede responder al interés de los propios
legisladores pero también al de las partes interesadas o afectadas
por la iniciativa de que se trate. No obstante y a fin de
hacer este ordenamiento coherente con lo dispuesto por el
artículo 94 de esta ley, se pone como condición que la
Mesa Directiva de la comisión cuente con una mayoría de firmas
de los integrantes, para establecer el carácter público de
una sesión de la misma.
Por último, se propone establece que:
“Las comisiones podrán celebrar convenios de colaboración
con organizaciones u otras instancias de expresión ciudadana,
a fin de fortalecer sus capacidades para el desahogo de los
asuntos de su encomienda, mismos que deberán contar, para
su firma, con la autorización de la Mesa Directiva de la Cámara
y la aprobación de la mayoría de los integrantes de la comisión”.
La anterior propuesta se perfila en la dirección
de impulsar formas más acabadas de colaboración con la sociedad
civil e instituciones académicas o profesionales que contribuyan
al proceso legislativo en forma especializada y bajo determinaciones
específicas volcadas en un convenio. Los mismos deberán someterse
siempre al visto bueno de la Mesa Directiva de la Cámara,
a fin de que el Senado de la República quede siempre a buen
resguardo en relación con las obligaciones que se deriven
de los mismos. Igualmente, la celebración de dichos convenios
deberá contar con la autorización expresa de la mayoría de
los integrantes de la(s) comisión(es) en cuestión.
Consideramos
que las reformas y adiciones propuestas en esta iniciativa
refuerzan y complementan los ordenamientos que se derivan
de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Federal y, sobre todo, son un instrumento para
impulsar más aún una cultura de rendición de cuentas vertical
por parte de los Senadores de la República, redundando en
una mayor transparencia y democratización de la información
sobre el funcionamiento de este importante órgano del Estado.
Así, los ciudadanos tendrían mayores elementos para identificar
los logros o fracasos de sus representantes por su trabajo
al interior de las comisiones. Además, tendrían una herramienta
certera para colaborar constructivamente en las decisiones
nacionales, pues reconocerían con mayor claridad los temas
y las propuestas que se encuentran en la agenda de los legisladores.
También permitiría tener un nuevo parámetro de evaluación
una vez concluidos ciertos períodos de trabajo en cada legislatura.
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propuesta de iniciativa completa en formato PDF
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